Recibimos a 5 universidades para la tercera edición del Modelo Colaborativo. Este año el debate fue sobre el «Régimen Jurídico de los Hidrocarburos», visto desde distintas ópticas del Derecho. La jornada inició con la ponencia de Cristina Tovar, presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, quien explicó a través de un análisis del sector que la industria de hidrocarburos venezolana busca su recuperación mediante la reforma legal de 2026 para crear un nuevo modelo contractual aprovechando la infraestructura existente.
El Modelo Colaborativo Interuniversitario es una actividad académica de estudiantes de las Escuelas de Derecho procedentes de diferentes universidades del país, cuyo objetivo es incentivar el estudio del Derecho a través de la investigación de un tema o situación jurídica, así como el uso de la argumentación para el sustento adecuado y pertinente en un ámbito académico. El Modelo no es una competencia, se trata de un ejercicio académico que persigue enriquecer la formación jurídica de los estudiantes participantes a través de una especial modalidad de enseñanza que estimula el desarrollo argumentativo.
Este año, la Universidad Monteávila, como anfitriona en su edificio de Lomas del Sol, recibió a las delegaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Santa María, la Universidad Metropolitana, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Carabobo. Cada uno de los participantes realizó un trabajo en torno a la nueva reforma de hidrocarburos.
Todos los grupos fueron evaluados por uno de los panelistas expertos como los profesores Gonzalo Pérez Salazar, quien evaluó el área de Derecho Mercantil-Empresas; Miguel Mónaco, a cargo de Derecho Administrativo; Franco Puppio en Derecho Penal; Juan Korody en Derecho Tributario; Jacqueline Richter en Derecho del Trabajo; y Juan Carlos Pro-Rísquez en Derecho Internacional y Protección de Inversiones. La labor de cada uno de ellos fue orientar, corregir y evaluar los trabajos en sus respectivas especialidades.
El análisis de las delegaciones universitarias
Universidad Central de Venezuela (UCV)
El equipo de la UCV, representado por Carlos Moser González, hizo un análisis de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, enfocándose en la actividad y el control de la planificación pública en el sector de hidrocarburos. Durante su presentación, plantearon una gran interrogante: ¿Esta reforma es un verdadero avance legislativo para recuperar nuestra industria petrolera, o es solo una consecuencia inevitable de los eventos ocurridos a inicios del año 2026?
Destacaron que la ley actual propone tres modelos para el desarrollo de actividades no primarias: empresa total, empresa mixta y contratos para el desarrollo de actividades financieras, siendo este último una novedad importante respecto a la ley de 2006.
Finalmente, el grupo concluyó que esta ley es una consecuencia de los sucesos ocurridos el 3 de enero de este año y no un marco jurídico con vocación de permanencia, sino un régimen transitorio diseñado para que el Ministerio de Hidrocarburos pueda abrir la actividad petrolera de manera discrecional. Subrayaron que para recuperar la industria se necesita más que esta ley: reglas claras, imparcialidad, rendición de cuentas y continuidad en los proyectos.
Universidad Santa María (USM)
Representada por los estudiantes Andrea Andrade López y Glebys Campos, la exposición de la USM se centró en el régimen jurídico-penal de los delitos ambientales y económicos en el sector de hidrocarburos, bajo la premisa de que «ninguna tasa de rentabilidad justifica el ecocidio silencioso de nuestras aguas».
Su conclusión fue que bajo el estado constitucional de derecho ambiental, el petróleo es propiedad del Estado, pero el ambiente es patrimonio de la humanidad que no admite huelgas. Cualquier beneficio económico derivado de la extracción irresponsable es, por definición, un acto inconstitucional.
Universidad Metropolitana (UNIMET)
La ponencia de María Isabel González y Santiago Manriquez se centró en las ventajas y desventajas de esta reforma que busca incentivar la actividad privada en el sector.
El equipo de la Unimet realizó un análisis crítico de la «cláusula del equilibrio económico-financiero», la cual busca garantizar un beneficio económico esperado por la ejecución de las actividades primarias. Esta cláusula es central para comprender cómo la reforma intenta equilibrar la atracción de inversiones con la sostenibilidad fiscal del país.
Universidad de Carabobo (UC)
En su trabajo, la UC profundizó en el marco contractual que regula la participación privada en el sector, destacando que la Ley de 2026 puso fin a la nacionalización y estatización de la industria petrolera, abriendo las puertas al capital privado. Según su análisis, las actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial) podrán ser realizadas por empresas privadas domiciliadas en el país mediante contratos con empresas de propiedad exclusiva de la República o sus filiales.
Universidad Monteávila
El equipo de la Monteávila, conformado por los estudiantes de décimo semestre Elibeth Yepez, Carlos Contreras, Paola Lentini y Carlos Storti, y expuesto por Mario Batista, analizó cómo la nueva ley busca proteger la inversión extranjera frente a la regulación de 2006, la cual generaba asimetrías y riesgos soberanos al obligar la participación estatal mayoritaria (mínimo 50%) y prohibir el sometimiento a jurisdicciones internacionales.
La Monteávila destacó que la ley de 2026 introduce un cambio de paradigma que desmonta el modelo estatista para dar paso a la flexibilidad contractual y la protección del capital. Entre las innovaciones, resaltaron:
- Autonomía de explotación y comercialización por parte del socio minoritario, permitiendo usar el hidrocarburo como garantía de pago y repatriación de dividendos.
- Modificación arbitral, que agiliza la contratación al alinearse con los criterios del CIADI sin requerir permisos directos de la Procuraduría General de la República para cada cláusula compromisoria.
- El principio de equilibrio económico-financiero (Artículo 26), que permite al Ministerio modificar regalías, tributos o plazos para restituir la posición económica de la operadora ante cambios regulatorios.
Concluyeron que estas modificaciones son necesarias y convenientes, aunque señalaron que la ley es apenas un primer paso que requiere un nuevo reglamento y un ejercicio eficiente de las potestades discrecionales del ministerio.
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Finalmente, la UCAB abordó el impacto de la reforma en la legislación laboral y la negociación colectiva del sector petrolero. La delegación hizo un recorrido histórico de las leyes laborales en Venezuela, destacando cómo las relaciones de trabajo en el mundo petrolero moldearon históricamente las demás relaciones laborales del país, al ser la primera industria en homogeneizar los sectores económicos y los derechos de los trabajadores.
María Paula Guerrero y Nelson Flores explicaron que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 introduce modificaciones estructurales para flexibilizar el marco legal, habilitar nuevas modalidades contractuales y abrir espacios para la inversión privada, incluyendo contratos de participación productiva y una pluralidad de regímenes laborales por empresa o proyecto.