El primer curso de derecho en Venezuela se inició en 1715, casi un siglo antes de la independencia y seis años después de la fundación de la primera universidad venezolana, la Real y Pontificia Universidad de Caracas. La necesidad de estos estudios ya se sentía desde hacía décadas en la sociedad colonial, cuando en 1690, el obispo de Caracas, Diego de Baños y Sotomayor, había pedido a la corona que se estableciera una cátedra jurídica en el Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima que él como obispo había fundado en 1673.
En la Lección Inaugural de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, Carlos García Soto, presidente del Consejo Superior y profesor, ofreció un valioso recorrido por los orígenes del estudio del derecho en Venezuela. Destacó los distintos procesos y transformaciones que han moldeado esta disciplina, hasta consolidar el modelo de educación formal que hoy se imparte en las aulas universitarias.
García Soto señaló que Diego de Baños y Sotomayor, en su solicitud al rey, destacó la escasez de profesionales en la ciudad de Caracas, afirmando que “en donde siendo muchos los pleitos que ofrecen, no hay abogados de quien poderse considerar”. Sin embargo, esa solicitud no fue atendida.
En 1715 se inició la enseñanza del derecho en Venezuela. El encargado de dictar este curso fue el licenciado español Antonio Álvarez de Abreu, en la sede del Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, hoy conocido como el Consejo Municipal de Caracas.
Álvarez de Abreu, quien había obtenido su licenciatura en leyes en la Universidad de Cádiz en 1709, aceptó la solicitud del obispo Fray Francisco del Rincón, quien había escrito al Rey para plantearle la necesidad de formar personas que se dedicaran al derecho. En la misma carta el obispo solicitó que se le otorgaran medios económicos para asegurar su permanencia.
Álvarez de Abreu comenzó a enseñar la “Institutad”, término genérico usado para referirse a la enseñanza de los fundamentos del Derecho Romano.
A pesar de la brevedad del curso, el obispo Fray Francisco del Rincón escribió al rey en octubre de 1715, apenas un mes después de su inicio, que se habían matriculado 15 alumnos, de los cuales, según describe Fray Francisco del Rincón, “el que menos es filósofo, otros eclesiásticos del mismo colegio y otros doctores y maestros en filosofía y teología. Con que espero en Dios, nuestro Señor, han de salir sujetos muy lucidos en la Facultad de Cánones que sirvan para la buena y recta administración de la justicia.”
Sin embargo, estos estudios en el seminario no habilitaban para el ejercicio de la profesión legal, y tres de los alumnos tuvieron que viajar a México y dos a Santa Fe de Bogotá para completar su formación.
Aún cuando los estudios públicos comienzan en Venezuela en 1715 y luego se reanudan entre 1720 y 1725, esos cursos no daban lugar a grados académicos, esta posibilidad se va a abrir cuando en 1725 inicien las actividades de la Real y Pontificia Universidad de Caracas y comienzan las clases formales de estudios públicos.
Los estudios jurídicos se reanudaron entre 1720 y 1725 en el mismo Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, bajo la dirección del sacerdote Ángel Barrera de Espinosa y Castro, quien se convirtió en el segundo profesor de derecho en la historia de Venezuela y el primer venezolano en ocupar este cargo.
La tercera etapa y la formalización de los estudios de derecho llegaron con la apertura de la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Fue en este momento cuando los estudios académicos de derecho comenzaron a otorgar grados académicos. La universidad inició sus actividades con cuatro facultades, dos de ellas relacionadas con asuntos jurídicos: Teología, Cánones (Derecho Canónico), Leyes (Instituta) y Filosofía.
La formación del abogado en sus inicios no incluía el aprendizaje del Derecho Español o Real, ni la formación en Derecho Procesal. Este vacío se suplió con la práctica forense, que implicaba la pasantía con un abogado.
A pesar de los desafíos y las interrupciones, el inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela fue un proceso crucial. Como señaló el profesor García Soto, “cuando uno ve el proceso y la evolución posterior del derecho y por supuesto cuando uno ve el trabajo de tantos y tantos abogados eh desde los finales del siglo XVIII hasta el día de hoy en Venezuela, uno se da cuenta que accidentado como fue, fue un proceso muy importante para el pueblo venezolano”.
Este proceso de formación crítica sentaría las bases para el desarrollo político del país, y como bien se menciona, “A la larga, este proceso de formación crítica será la base sobre la cual un grupo de críticos plantean los fundamentos jurídicos-políticos del proceso independiente.